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NUEVA YORK.- Los neoyorquinos en riesgo de ejecución hipotecaria por la entidad bancaria JP Morgan Chase, a consecuencia de la crisis financiera de 2008, recibirán medidas de alivio para mantener sus casas, en base a un acuerdo judicial anunciado ayer por la Fiscalía General de Nueva York.
La institución deberá pagar $1,000 millones al estado por la venta de valores de baja calidad respaldados por hipotecas, de los cuales deberá desembolsar $613 millones en efectivo y cerca de $400 millones en alivio para consumidores neoyorquinos que compraron estos valores entre 2005 y 2008, incluyendo modificaciones de hipotecas para los propietarios de viviendas en riesgo de ejecución.
Este anuncio es parte de un acuerdo de alcance nacional logrado por el Departamento de Justicia por el que JP Morgan Chase deberá pagar $13 mil millones en total —$4.5 mil millones para los afectados— lo que supone la cantidad mayor que tendrá que desembolsar una corporación por malas prácticas en la historia de Estados Unidos.
El anterior récord fueron los $4,000 millones que British Petroleum tuvo que pagar por el derrame de petróleo que causó una de sus plataformas en el Golfo de México.
"El acuerdo de hoy (por ayer) es una gran victoria en la lucha para hacer rendir cuentas a aquellos que causaron la crisis financiera", dijo el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman. "Nos negamos a permitir que los fraudes sistémicos que dañaron a muchos propietarios e inversionistas de Nueva York simplemente se olviden".
Antecedentes del caso
El convenio resuelve una demanda presentada por Schneiderman, en octubre de 2012, contra JP Morgan y algunas de sus entidades subsidiarias, alegando fraude bajo la ley Martin en empaquetado y venta de valores respaldados por hipotecas residenciales.
Como parte del acuerdo global, la entidad reconoció que hizo serias tergiversaciones materiales al público sobre numerosas transacciones de estos valores.
Se demostró que, en un número de ocasiones, los empleados de la entidad sabían que los préstamos en cuestión no cumplían con sus propias normas y no eran apropiados para la titulación, pero permitieron que los préstamos fueran titulizados —y que se vendieran los valores— sin revelar esta información a los inversionistas.
Las organizaciones comunitarias neoyorquinas recibieron este anuncio como un gran paso para que aquellos en riesgo de perder sus casas empiecen a recibir ayudas reales.
"Esta es una victoria increíble para los propietarios de Nueva York, decenas de miles de los cuales han estado luchando para negociar sus propios acuerdos con los bancos, muchos de ellos con poco éxito", declaró Christie Peale, directora ejecutiva del Centro para los Vecindarios de Nueva York.
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