NUEVA YORK.- El uso de la marihuana con fines únicamente medicinales está a punto de aterrizar en el Estado de Nueva York, Estados Unidos.
Se cree que cinco compañías tienen ya los permisos del gobernador para empezar a distribuir el cannabis con fines médicos y con ello ayudar a crecer a esta industria que va a la alza.
“La industria del cannabis para uso médico va a crecer. Queremos mejorar la demostración científica de su funcionamiento. Aunque hay muchas evidencias en ese sentido, deseamos profundizar la investigación”, comentó el doctor Stephen Dahmer, de la Empire State Health Solutions, una de las cinco compañías que ha obtenido licencia para distribuirla en Nueva York.
Su firma, junto con Etain, Bloomfield Industries, PharmaCannis y Hunts Point, tiene la obligación de cultivar la marihuana dentro del Estado para venderla luego a través de dispensarios.
La marihuana es una industria floreciente. Según datos recopilados por Bloomberg, hay 55 compañías cotizadas, con una capitalización conjunta de 3 mil millones de dólares. El sector tiene mucho recorrido a la vista de los Estados que le están dando luz verde.
De acuerdo al periódico El País, el precio de venta lo fijará el Estado de Nueva York, aunque fuentes de la compañía señalan que los tratamientos con cannabis suelen costar entre 300 y 500 dólares mensuales por paciente.
Tampoco les favorece el debate abierto sobre la legalización general del cannabis, es decir, la legalización del llamado “uso recreativo”, porque temen que se contamine el proceso de apertura de su aplicación medicinal. “No somos políticos, ni nos interesa el consumo recreativo del cannabis. No queremos que ese debate se mezcle con el uso médico”, recalca el responsable de Empire.
Nueva York, con Andrew Cuomo, su gobernador proveniente del partido demócrata, aprobó en el verano de 2014 un programa de uso terapéutico de la marihuana para pacientes con prescripción médica.
Aunque el programa debería arrancar oficialmente el próximo 5 de enero, la semana pasada Cuomo aprobó dos proyectos de ley para adelantarlo dos meses en el caso de enfermos con verdadera necesidad de recurrir a él.
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