Por ROSARIO ESPINAL
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LA AUTORA es socióloga, politóloga y profesora universitaria. Reside en Santo Domingo.
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Veo con beneplácito, pero confieso que me asombra, el esfuerzo que hacen expertos constitucionalistas por encontrar salidas jurídicamente legítimas a los dictámenes del Tribunal Constitucional (TC) en materia migratoria.
Mi beneplácito es porque la racionalidad siempre es necesaria; el asombro porque en República Dominicana la ley tiene una función meramente utilitaria, y como tal, si no es útil para un propósito se cambia, reinterpreta o ignora.
La Sentencia TC 168-13 que declaró ilegal a todos los descendientes de inmigrantes indocumentados a partir de 1929 generó adeptos y adversarios en el mundo jurídico, y nunca se logró consenso entre los expertos. Lo que sentenció el TC quedó como batuta y Constitución con el remiendo de la Ley 169-14.
La Sentencia TC 256-14 que invalida la adhesión del país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también generó adeptos y adversarios entre abogados constitucionalistas, y san se acabó.
Dados los requisitos para salirse de la Corte Interamericana que establecen las normas internacionales, la Sentencia TC 256-14 es para consumo doméstico. Es decir, ante el sistema interamericano, República Dominicana sigue dentro de la jurisdicción de la Corte aunque declarada en rebeldía.
Diversos juristas han indicado que el presidente Danilo Medina tiene dos opciones: una, iniciar el proceso formal de salir del sistema denunciando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o dos, buscar la ratificación en el Congreso Dominicano de la adhesión.
Pero sucede que el Gobierno dominicano tiene otra opción: hacerse el loco para decirlo en buen dominicano. No cumplir con las leyes cuando no conviene ha sido la ley suprema en República Dominicana. He aquí algunos ejemplos.
Uno, por 100 años, el Gobierno dominicano ha patrocinado el tráfico de haitianos indocumentados en contravención con las leyes nacionales y la prohibición internacional de la trata humana; y lo sigue haciendo a pesar de todo el revuelo nacional e internacional que ha generado el asunto.
Dos, las leyes laborales dominicanas indican que sólo un máximo de 20% de los trabajadores en las empresas pueden ser extranjeros (legales). ¿Cuántos empresarios del agro y la construcción han violado esa disposición? Ni siquiera el Gobierno la cumple porque emplea haitianos indocumentados a diestra y siniestra.
Tres, el Gobierno dominicano ha actuado desde 1999 como si el país perteneciera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colocando incluso una jueza dominicana en la Corte por varios años. Ahora el Tribunal Constitucional ha declarado toda esa historia nula, y su disposición es ya batuta y Constitución.
Finalmente, República Dominicana ha sido condenada en varias ocasiones por la Corte Interamericana por cometer abusos en derechos humanos. ¿Ha cumplido el país con las sentencias emitidas? Casi nunca.
Un Estado que se caracteriza por formular leyes que no cumple, por cambiar las que no convienen, y que ignora los dictámenes y regulaciones internacionales, difícilmente se someta a la racionalidad jurídica.
Por eso es muy probable que este país se salga de la Corte Interamericana para fines domésticos por lo que dictaminó el Tribunal Constitucional, que no cumpla con las condenas de la Corte bajo el argumento de que la Corte se extralimitó y está desacreditada, y que el presidente Danilo Medina evada actuar porque el tema es políticamente álgido.
Así, la República Dominicana seguirá como siempre incumpliendo las leyes, cambiándolas o reinterpretándolas cuando convenga.
Por eso este país se llenó de haitianos indocumentados para ser explotados por los empresarios y el Estado en violación a las leyes laborales. Por eso la vocinglería patriotera reina hoy y bloquea la racionalidad jurídica y política necesaria para enfrentar el gravísimo problema migratorio que ha auspiciado el Gobierno Dominicano.
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